Imagen: campaña “Mulheres Sem Terra: contra vírus e violências”, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

Desde CERAI iniciamos un nuevo recorrido por la actividad de nuestras entidades socias y redes a nivel internacional durante la pandemia, con el cual hemos podido constatar que la crisis de la COVID-19, lejos de confinar problemas históricos, ha servido para permitir con impunidad el agravamiento de casos de vulneración de los derechos humanos en general, y de los derechos a una alimentación adecuada y de acceso a la tierra y a los recursos naturales en particular.

Las situaciones de abuso sobre poblaciones indígenas o migrantes, la perpetuación de la emergencia alimentaria en algunas regiones del mundo como el Sahel o los abusos de los lobbies del agronegocio en Europa están a la orden del día en tiempos de pandemia. No podemos dejar de compartir estas denuncias que efectúan nuestras entidades y redes amigas de CERAI.

Crisis alimentaria y nutricional en el Sahel y África Occidental

En la región del Sahel y África Occidental, se agravan condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de la población como consecuencia  de las medidas de sanidad pública adoptadas para hacer frente a la pandemia, como el cierre de fronteras y de mercados. El Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) publica un informe sobre el impacto de la COVID-19 donde se indica que casi 51 millones de personas más en la región están en situación de sumarse a los 17 millones que ya están en situación de gran crisis alimentaria y nutricional.

En la misma línea se ha expresado el Grupo de Trabajo Regional – Seguridad Alimentaria y Nutrición en África Occidental, que alerta de que casi 19 millones de personas corren el riesgo de estar en crisis alimentaria en junio-agosto de 2020. La web de la Réseau de Prévention des crises alimentaires recoge el comunicado elaborado por ACF, FAO, PAM y UNICEF.

Imagen: Réseau de prévention des crises alimentaires-RPCA

Desde Senegal, el director de IRPAD Afrique, miembro de IPES-Food y de Enda Pronat, Mamadou Goïta, analiza en este artículo de opinión publicado en Radio France Internationale las medidas que los Estados deberían tomar en el corto y mediano plazo para aliviar la crisis del coronavirus en el sector agroalimentario en África. Según Goïta los impactos de la pandemia en África se dejan sentir con mayor fuerza sobre la agricultura familiar, que es el modelo predominante en este continente.

En la misma línea se expresa nuestra entidad socia, ENDA PRONAT, que advierte de que la propagación de la COVID-19 en Senegal está devastando las comunidades rurales, en particular las explotaciones familiares y el sector informal. IPAR-Initiative Prospective agricole et rurale advierte por su parte de que el sector de la pesca artesanal en Senegal afronta una dura crisis económica. Desde CERAI estamos participando precisamente en un grupo de trabajo organizado dentro de la Plataforma de Organizaciones Europeas en Senegal, con una treintena de ONGD, para analizar los impactos de la COVID-19 sobre el desarrollo rural, la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición.

En Mauritania, siguiendo la misma línea analizada en el impacto de la COVID-19 sobre las economías familiares, desde RIM-RURAL Plateforme du développement rural en Mauritanie señala que las actividades agropastorales, que representan el 12% del PIB, se están viendo afectadas por el cierre de fronteras con los países de trashumancia, Mali y Senegal, durante la estación de sequía.

Vídeo: Mauritanie: impact du Covid-19 sur le monde agro-pastoral (Le360Live)

Vulneración de derechos humanos

En materia de vulneración de los derechos humanos, compartimos el comunicado de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui sobre la situación de las presas y los presos políticos saharauis, que continúan en prisión en unas condiciones sanitarias y de seguridad precarias que los hace especialmente vulnerables a la pandemia.

No menos denunciables son los abusos que sufren las personas trabajadoras agrícolas que viven entre España y Marruecos, especialmente las mujeres, a las que este artículo se refiere como “femmes ninja” por el velo que usan para proteger del sol, los pesticidas y la mirada social. Salarios indignos, violencia y abusos son situaciones que se han visto potenciadas durante la pandemia.

Preocupa la situación de los pueblos indígenas y personas en movilidad humana

Imagen: Indígenas guaraníes de la comunidad Mbya, en Paraguay

La situación en América Latina es de preocupación no sólo en el aspecto sanitario, sino también en materia de derechos de los pueblos originarios. Según ha denunciado el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los estados de emergencia están suponiendo la militarización de los territorios y otros atropellos sobre los derechos de estas comunidades. Algunos países han suspendido las consultas con las comunidades originarias sobre la construcción de megaproyectos agroindustriales, mineros, de represas y otra infraestructura que les afectan directamente.

En este contexto, con el objetivo de salvar vidas y proteger a los Pueblos Indígenas, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) junto al Foro Indígena de Abya Yala (FIAY) y organizaciones indígenas de la región han creado la Plataforma Indígena Regional Frente a la COVID-19 “Por la Vida y los Pueblos”. A través de esta Plataforma se busca impulsar acciones de contención y mitigación ante la problemática causada por la pandemia COVID-19 en los pueblos indígenas del continente. INFORME COMPLETO “LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE A LA COVID-19”

Por otra parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha puesto el foco sobre el riesgo de exposición al coronavirus en aquellas comunidades indígenas desplazadas y refugiadas de América Latina. Destaca la preocupación por los indígenas binacionales venezolano-colombianos, indocumentados en Colombia.

En Ecuador, nuestra entidad socia, la Fundación Terranueva, recoge la denuncia que ha efectuado la Defensoría del Pueblo alertando sobre la grave crisis humanitaria que se ha generado en torno a los procesos de retorno de ciudadanas y ciudadanos colombianos y venezolanos a sus países de origen durante la emergencia sanitaria.

Violencia contra defensoras de la tierra en plena pandemia

El colectivo de personas defensoras de la tierra, integrantes de comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, también está sufriendo varios atropellos en plena pandemia. Según recoge la International Land Coalition en América Latina, desde que se empezaron a implementar las medidas de cuarentena, la lista de defensoras y defensores de la tierra que están siendo amenazados, agredidos o asesinados no para de crecer. La ILC aporta datos concretos de Colombia, Guatemala y Perú. En Paraguay, la comunidad Loma del Pueblo Guaraní Ñandéva denuncia la tala de los bosques nativos en este territorio incluso durante la cuarentena, así como amenazas y un proceso de criminalización de su lucha.

En Brasil recogemos dos denuncias. La que efectúa el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) por la violencia que están sufriendo en el interior de Pará familias sin tierra y sin hogar. Por otra parte, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ha denunciado el aumento de casos de violencia contra mujeres, colectivos LGTBI, niños y ancianos en los hogares, y en ese contexto ha puesto en marcha la campaña “Mulheres Sem Terra: Contra os vírus e as violências”. La Vía Campesina también ha puesto en marcha una campaña contra todo tipo de violencia contra las mujeres durante la cuarentena: “Campesinas con derechos”  

 Transgénicos y agronegocios, sigue la lucha

En Bolivia, la crisis del coronavirus ha sido aprovechada por el Gobierno de facto de Jeanine Añez para acelerar mediante un decreto la autorización de cultivos transgénicos. Según denuncia la CLOC-Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo La Vía Campesina este decreto pone en riesgo la soberanía alimentaria del pueblo boliviano y es un atentado en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las y los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Nuestra entidad socia local en Bolivia, CIPCA, recoge el pronunciamiento de cerca de un centenar de organizaciones sociales, de productores, instituciones de desarrollo, colegios de profesionales y colectivos de consumidores vinculados a la producción y consumo de alimentos contra cualquier intento de introducción de nuevos eventos de semillas transgénicas en el territorio nacional. También las organizaciones indígenas de la Amazonía Sur rechazan la introducción de transgénicos. “Denunciamos que la producción de los transgénicos no da seguridad y soberanía alimentaria a los bolivianos, ya que su producción está destinada principalmente a la exportación y producción de biocombustibles”, dice el pronunciamiento de las organizaciones indígenas con mayor base social de la Amazonìa Sur. 

Mientras tanto, en Europa se observa que el lobby del agronegocio ha mantenido su actividad en plena pandemia. En Francia, varias organizaciones han denunciado este hecho, pidiendo una reorientación de 180° de la ayuda agrícola hacia la agroecología, libre de pesticidas y la producción diversificada a nivel regional, así como un abandono absoluto de los sistemas de cultivo industrial.

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