Consenso histórico en el Consejo Valenciano de Cooperación que ha acordado una declaración institucional de impulso de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo como respuesta integral a las consecuencias provocadas por el COVID-19 en los países y comunidades en situación de vulnerabiliodad en todo el mundo.
El 17 de junio de 2020 nos hemos reunido universidades, ONGD, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y Administraciones Públicas en el Consejo Valenciano de Cooperación y hemos aprobado la declaración institucional “Forjando un futuro común, de las crisis se sale cooperando”, para dejar negro sobre blanco lo imprescindible que es que sigamos impulsando desde todos los ámbitos las políticas públicas de cooperación internacional para hacer frente a la tremenda crisis generada por la pandemia de #coronavirus.
Es un amplio acuerdo histórico en el marco del Consejo, que nos impulsa a seguir trabajando desde una visión global, superando una visión unicamente local para frenar la nueva oleada de pobreza y sufrimiento que está generando esta crisis. La solidaridad y la cooperación son la respuesta, y esa es una de las grandes lecciones que hemos visto claramente en estos meses. ¡Gracias a todas y todos por sumar!
#LaFuerzaDeLaSolidaridad
#CooperarMejor
El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el coronavirus SARS-
CoV-2, responsable de la dolencia COVID-19, como una pandemia, que se ha extendido a más de un centenar de
países. Una de las mayores preocupaciones que nos suscita es que el coronavirus SARS-CoV-2 se extiende a
gran velocidad, por lo cual la prioridad ha sido tomar medidas para frenar su propagación. En este sentido, el
avance de la crisis de la COVID-19 amenaza con castigar desproporcionadamente a las personas en situación de
mayor vulnerabilidad de los países más empobrecidos, no solo en forma de crisis sanitaria a corto plazo sino
también a largo plazo, a través de los efectos socio económicos que se prolongarán durante meses y años.
En su discurso de apertura de la rueda de prensa del mencionado 11 de marzo, el Director general de la
OMS manifestó refiriéndose a la pandemia que no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a
todos los sectores, y por esa razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha y que
todos los países deben encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de los
trastornos sociales y económicos, y el respeto de los derechos humanos.
Según los últimos datos de la OMS, el coronavirus SARS-CoV-2 ya ha infectado a más de 7,80 millones
de personas en 195 países o territorios de todo el planeta y ha provocado más de 431.000 defunciones.
(Actualización n.o 137. Enfermedad por el coronavirus COVID-19. Datos consolidados a las14.00 horas del
15.06.2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad).
El contexto socio político y cultural de cada uno de los países influye de manera decisiva en la
propagación del virus entre la población. Factores como las infraestructuras sanitarias, la fortaleza del sistema
sanitario nacional, la disponibilidad de recursos médicos sanitarios, las condiciones de habitabilidad de la
población y las costumbres socioculturales determinan la capacidad de prevención así como la capacidad de
respuesta de la población frente a la pandemia, así como en la velocidad de transmisión del coronavirus SARS-
CoV-2.
Además de los comentados anteriormente, otros factores resultan determinantes en la capacidad de
afrontación de la pandemia. La carga previa de dolencia preexistente entre la población, la situación nutricional y
sanitaria general o el marco de protección socio económico, son factores que pueden comportar variaciones en los
datos de análisis derivados de la crisis de la COVID-19. En este marco, la rapidez del nivel de transmisión entre
países difiere enormemente.
Por otro lado, algunos países de América, África y Oriente Medio presentan múltiples factores añadidos
de vulnerabilidad que pueden agravar la evolución de la propagación del virus y la capacidad de respuesta de
cada sistema sanitario, de servicios sociales y de protección social. Contextos en los cuales se iban afrontando
crisis humanitarias crónicas, con sistemas socio políticos y sanitarios muy debilitados, en los cuales la población
se enfrenta a conflictos armados que se han cronificado a lo largo del tiempo, generando desplazamientos internos
de población, donde existen asentamientos de personas desplazadas y refugiadas y zonas caracterizadas por la
superpoblación, protagonizan algunos de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos con esta pandemia.
Localizaciones en las cuales las mismas necesidades humanitarias básicas se ven agravadas por el
riesgo de una rápida propagación del virus, que puede verse acelerada a causa de las condiciones de
hacinamiento de población y escasez de medios higiénicos sanitarios básicos, dificultando la aplicación de las
medidas fundamentales de prevención, higiene y distanciamiento social. Así mismo, tanto la UE como la ONU,
están advirtiendo a los gobiernos del aumento de la violencia contra las mujeres y la población infantil, víctimas
ocultas de esta pandemia que tienen que afrontar otros riesgos añadidos como la explotación, la violencia y las
situaciones de abuso de todo tipo.
En la alocución de apertura de la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 4 de mayo de 2020, el
Director General de la OMS manifestó que el mundo tiene ahora la oportunidad de unirse no solo para enfrentarse
a una amenaza común, sino para forjar un futuro común: un futuro en el cual todas las personas disfruten del
derecho al grado máximo de salud que se pueda conseguir y también de los productos que permiten ejercer este
derecho y garantizar la salud para todos.
Por esto consideramos esencial para todos los agentes de la cooperación valenciana seguir apostando
por una política pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con más de 30 años de historia,
manteniendo los compromisos presupuestarios y los acuerdos firmados en 2019, porque la solidaridad
internacional es una responsabilidad compartida imprescindible para superar la crisis sanitaria, social y económica,
tanto a nivel local como global y garantizar el futuro del planeta.
El estado de emergencia en que vivimos nos puede llevar a centrar los esfuerzos en lo más urgente e
inmediato: la emergencia a corto plazo en los ámbitos de salud, recuperación económica, protección social, etc.
pero la gravedad de la situación nos obliga a priorizar también aspectos a medio y largo plazo, como la
revalorización de los bienes públicos globales garantizando una sanidad pública y unos servicios sociales de
calidad, blindando derechos como la vivienda y la educación pública de calidad, las consecuencias del cambio
climático, las causas de las grandes migraciones y de millones de personas refugiadas, etc., donde la perspectiva
multinivel es clave para gestionarlos.
La pandemia ha demostrado que la salud, la economía y el medioambiente están interrelacionados, por
ello abogamos por que las medidas para la salida de la crisis afronten de manera decidida los problemas
asociados a la crisis ambiental, la preservación de la biodiversidad y desde el acompañamiento que hacemos a
diversos pueblos originarios, respetando su diversidad cultural y étnica, protegiendo el patrimonio cultural de los
pueblos indígenas y la defensa de los derechos de estos pueblos sobre sus territorios y sus recursos naturales,
apostando por aprender de su comprensión, relación y respeto al entorno natural. Y además que la protección a
los más vulnerables no olvide a las personas y familias migrantes o desplazadas y que la justicia distributiva contra
el hambre y la pobreza mundial sea reconocida como un bien público universal.
La crisis del coronavirus está cambiando muchos de nuestros hábitos: la organización del trabajo, el
diseño del espacio doméstico y público, el sistema de enseñanza, los medios y hábitos de transporte locales e
internacionales, etc. Las tecnologías digitales y de la información tienen un rol central en estas transformaciones y
por ello debemos garantizar su accesibilidad y buen uso para todas las personas; aplicar la innovación tecnológica
para resolver problemas, así como invertir más en ciencia e investigación; mejorar las estrategias para la
democratización del conocimiento y la reducción de las brechas, también la digital.
Aprender experimentando y generando aprendizajes de lo realizado; aprendiendo de las personas, de los
colectivos, pero también de la naturaleza; fortaleciendo los centros de estudio e investigación en materia de
cooperación y desarrollo; así como promoviendo alianzas que faciliten la transferencia de conocimientos y los
avances de la ciencia para el desarrollo, poniendo la ciencia, la investigación y las tecnologías digitales al servicio
del bien común.
Este contexto de crisis global requiere de una renovada estrategia de Educación para el Desarrollo y la
sensibilización para potenciar la formación de una ciudadanía con capacidad crítica, que mira al entorno con un
enfoque de interdependencia y de corresponsabilidad en los problemas mundiales, que nos afectan a todas las
personas; y para garantizar la transparencia, el acceso a la información, el análisis de los datos, sabiendo desvelar
y haciendo frente a las informaciones falsas, los prejuicios, los discursos de odio y el racismo, así como haciendo
propuestas de comunicación propias en las cuales la ciudadanía sea protagonista apoyando a las organizaciones
y comunidades locales, así como a las organizaciones del movimiento indígena, en los países empobrecidos y
mediante la localización aumentar el sentido de comunidad y de confianza mutua, apostando por el fortalecimiento
técnico e institucional de las instituciones locales y regionales, la adaptación a los saberes y formas de hacer
propias, el desarrollo de entornos productivos sostenibles, seguros y resilientes o el apoyo a propuestas
ciudadanas locales.
Aprovechemos el proceso de reconstrucción post-COVID-19 como una nueva oportunidad para revisar
nuestras políticas económicas, sociales, educativas, culturales, urbanas, etc. desde la centralidad de las personas,
los derechos humanos, los límites ecológicos y atendiendo a las generaciones futuras puesto que la coherencia de
políticas para el desarrollo es ahora más necesaria que nunca.
La Administración debe jugar un papel tractor impulsando nuevos hábitos, desde la contratación pública,
los requisitos para acceder a subvenciones, promoviendo la reforma de los instrumentos de la cooperación
internacional con medidas adaptadas a la compleja realidad, impulsando un marco que permita responder con
agilidad y flexibilidad a las situaciones excepcionales en las que nos encontramos y aquellas que se vayan
generando y renovando nuestra apuesta por la localización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Unamos esfuerzos para impulsar la elaboración del V Plan Director de la Cooperación Valenciana en
clave de Derechos, defendamos los derechos humanos, pues existe la preocupación de que en esta crisis se
normalicen y profundicen acciones de control, represión y persecución. Por ello, seguimos apostando por la
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