CERAI

Respaldamos la campaña “Por una política de tierras justa y sostenible”

El jueves 28 de abril CERAI asistió en el Congreso de los Diputados de España a la presentación de la campaña “Por una política de tierras justa y sostenible” y el Estudio sobre la propiedad de la tierra en España y en Europa. En este acto se reivindicó la necesidad de una política que frene la concentración de tierra y su mercantilización.

La campaña y el estudio sobre la política de tierras ha sido impulsada por las organizaciones Plataforma Rural, Fundación Mundubat, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Sindicato Lábrego Galego (SLG), EHNE Bizkaia, la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC),  junto a la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

CERAI, como entidad miembro de Plataforma Rural y socia de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, fue invitada al encuentro.

En el mismo se ofrecieron las conclusiones del Estudio sobre la propiedad de la tierra en todo el territorio comunitario. Entre las mismas, destacan:

  • La propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil o Colombia. El 3% de las fincas controlan el 50% de la superficie agraria útil en la UE.
  • En el Estado español, la evolución de número y dimensión física de las explotaciones sigue las tendencias observadas a nivel europeo: las CC.AA que han sufrido un mayor abandono de las explotaciones agrarias han sido Comunidad Valenciana (49.460), Andalucía (48.200) y Galicia (37.050).

Según el mismo estudio, los cambios en el uso del suelo son evidentes; los procesos de urbanización, la expansión de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructuras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética van presionando progresivamente sobre la tierra agraria. Pero en la pérdida de tierra agraria inciden otros factores como el precio de la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese en la actividad.

Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra que además es injusta desde el punto de vista de sexo y edad. Las mujeres sólo son propietarias del 23% de la tierra. Mientras que los jóvenes tan sólo son titulares del 6,6% de la tierra, las personas de más de 55 años son titulares del 51% de la tierra.

Las organizaciones promotoras del estudio consideran que es necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular.

Los principales objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de manera concreta, pero las organizaciones citadas consideran que deben girar en torno a:

  • Frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola.
  • Garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural.
  • Favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra.
  • Evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos.
  • Proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad.
  • Asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial.

Para conseguir estos objetivos, se deben desarrollar a nivel institucional y político las siguientes actuaciones:

  • La creación de una institucionalidad concreta como puede ser una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra.
  • Desarrollar, mejorar y consolidar los Bancos de Tierras.
  • Iniciativas encaminadas a la aprobación de Leyes de Protección del Patrimonio Agrario Público.
  • Recuperar el contenido de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
  • Transparencia en la información: tratamiento estadístico del factor tierra.
  • Reactivar y revitalizar los espacios de titularidad comunitaria y pública de la tierra.

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