En mayo, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) iniciarán el proyecto ‘Desarrollo rural sostenible, interseccionalidad, gobernanza y cambio climático en Bolivia’. Este es la segunda fase del proyecto ‘Promoción de modelos de desarrollo rural sostenible, participativo y equitativo en cuatro municipios campesinos indígenas y una autonomía indígena’. Ambos proyectos, financiados por la Generalitat Valenciana, en el Altiplano, los valles interandinos y el Chaco. Esta segunda fase se amplía a dos municipios y una nueva autonomía indígena.
En esta nueva fase, las organizaciones consolidan la transición hacia la producción sostenible y generadora de ingresos de familias productoras indígenas campesinas, reforzando así la agricultura familiar como modelo alternativo y sostenible. Esta resulta una herramienta muy útil para hacer frente a la situación de crisis socioeconómica y ambiental que atraviesa actualmente Bolivia. Y es que el año 2024 ha estado marcado por graves incendios con los que ardieron más de diez millones de hectáreas como consecuencia de las persistentes olas de calor y sequías. Y sobre todo por las quemas y los desmontes motivados principalmente por la ampliación de la frontera agrícola bajo el modelo de la agricultura convencional. A ello se añade una crisis económica con la que escasean las divisas en un país que pasó a importar más combustible del que vende. Todo esto afecta directamente al sector agropecuario convencional y demuestra una vez más los límites de este modelo.
Asimismo, es necesario destacar que la agricultura familiar y comunitaria es un pilar clave para la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia. Esta abastece más del 60% de los productos que componen la canasta familiar y abarca más del 90% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA´s) conforme el último Censo agropecuario del INE 2013 (se realizará un nuevo censo agropecuario este año).
La estrategia en la que se enmarca el proyecto consiste en ejecutar la Propuesta Económica Productiva (PEP) del CIPCA, basada en la agroecología y los fundamentos teóricos de la economía campesina. Esta surge de “un análisis, reflexión y retroalimentación sobre el trabajo permanente junto a familias, comunidades y municipios de cobertura; identificando alternativas, dificultades, potencialidades y perspectivas desde cada contexto y realidad en las 7 regiones de trabajo en ámbito nacional” (CIPCA, 2016).
Bajo este enfoque, el proyecto implementará acciones económicas y productivas de acuerdo a las características socioterritoriales de cada una de las regiones y las zonas de actuación. Y estas incorporarán formaciones, asistencias técnicas, intercambios de experiencias, inserción de sistemas de regadío, diversificación productiva, fomento de la economía local y fortalecimiento de las cooperativas.
En esa línea, se consolidará el trabajo de diez cooperativas locales (OECAS), y de 100 mujeres y 100 jóvenes emprendedores/as en sus procesos de estandarización, gestión administrativa y comercialización. El fin último es mejorar su acceso a mercados alternativos y circuitos cortos. Esta fase se enfocará también en la generación de alianzas entre las cooperativas para el abastecimiento del desayuno escolar en el marco de las compras públicas municipales, buscando así dinamizar la economía municipal.
Un componente importante de esa nueva fase, y que viene a reforzar la transición agroecológica es el trabajo en gestión ambiental con especial énfasis en los recursos hídricos. De estos dependen directamente los sistemas productivos de las familias.
En un contexto marcado por las elecciones municipales del próximo año 2026, las organizaciones pretenden profundizar el trabajo previo realizado con los gobiernos locales a partir de ocho estrategias de gobernanza ambiental y resiliencia climática. Estas fueron elaboradas en la fase anterior por organizaciones indígenas campesinas de los seis municipios y dos autonomías indígenas de actuación.
Por otra parte, con este proyecto se continuará con los programas de formación en derechos, democracia y desarrollo territorial, así como con las formaciones de Gestores en producción agroecológica y gobernanza ambiental, y de emprendimientos. Todas estas formaciones serán realizadas en colaboración con los Centros de Educación Permanente (CEP) que desembocan en un título oficial avalado por el Ministerio de Educación. Son herramientas claves para la generación de capacidades locales y que favorecen los procesos de cambio e incidencia política.
Por último, y como punto innovador y transversal de esta segunda fase, las organizaciones elaborarán una nueva estrategia de género interseccional para promover la participación efectiva de las mujeres en el ámbito sociopolítico; la equidad de género en el seno de las organizaciones indígenas campesinas con las que se trabaja; y la creación de propuestas políticas públicas locales que estimulen la equidad de género por parte de dichas organizaciones.
