El segundo encuentro estatal de ‘Nos Plantamos’, celebrado en Allariz (Ourense), ha reunido a más de 200 personas de todo el estado para seguir articulando y fortaleciendo el movimiento por la soberanía alimentaria y campesina. Con una representación muy diversa de colectivos y personas decididas a actuar para seguir fortaleciendo lazos y propuestas que impulsen la tan necesaria transición del sistema agroalimentario basada en la agroecología.
Para ello, a lo largo del encuentro se han llevado a cabo diferentes dinámicas y formaciones con el fin de establecer estrategias para denunciar los impactos sociales y ambientales del modelo agroalimentario además de marcar los próximos pasos para avanzar en colectivo hacia una transición agroecológica en el marco de la soberanía alimentaria como alternativa a la agroindustrialización de la producción de alimentos.
La ruta reivindicativa: «Otra Limia es posible»
Para finalizar el encuentro, se ha organizado una ruta reivindicativa por la comarca de A Limia bajo el lema «Otra Limia es posible». El objetivo de esta ruta es dar a conocer y visibilizar los impactos de la agricultura y ganadería industriales en este territorio, tanto para las personas como para el medio ambiente: despoblación rural, agrotóxicos, pérdida de suelo fértil, contaminación del agua potable, entre otras.
El movimiento ha dejado constancia de que estos impactos de la agroindustria se repiten en muchas otras comarcas, tal y como describían, en primera persona, los y las participantes del encuentro.
La ruta por la comarca de A Limia ha comenzado con una panorámica de la que fue la laguna de Antela. Una ruta guiada por las explicaciones de Serafín González, científico del CSIC y presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural (SGHN) que lleva años denunciando la contaminación por nitratos en A Limia, elevando mismo esta denuncia a instituciones europeas, que constataron la existencia de prácticas ilegales en la comarca.
De hecho, ya en el año 2017 la propia Unión Europea notificó al Estado español la apertura de un procedimiento de infracción de la Directiva de nitratos (Directiva 91/676/CE del Consejo) argumentando que “España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación”.
La laguna de Antela era un espacio de gran valor ecológico, no solo para fauna —principalmente aves—, sino también para las poblaciones rurales, ya que representaba una significativa actividad agrícola y ganadera, gracias precisamente a la existencia de esa zona húmeda.
La desecación de la misma fue una intervención destructiva discurrida desde la lógica agroindustrial, que no consiguió revertir ni detener la pérdida de población en la comarca, sino que además causó graves daños ambientales. A su vez, afectó al cuidado del suelo, ya que dio lugar a una gran superficie de tierra pobre en materia orgánica, para practicar un modelo de agricultura industrial ajeno al equilibrio tradicional entre el ganado y el monte de los que se obtenía el estiércol para los cultivos.
La situación empeoró aún más con la instalación de un gran número de explotaciones ganaderas intensivas, principalmente avícolas y de porcino, que supusieron un nuevo golpe en el uso del agua en forma de sobreconsumo y contaminación debido a la ingente cantidad de residuos generados por esta actividad.
