Desde CERAI nos adherimos a la carta impulsada desde la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA para solicitar a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados en España que voten NO en el pleno que se celebrará el próximo jueves 29 de junio.

Reproducimos a continuación la carta en la que se insta a los grupos parlamentarios que voten no al CETA e invitamos a otras organizaciones (sociales, sindicales, profesionales, campesinas, vecinales, de consumidores, etc.) a sumarse a través del siguiente formulario antes del domingo 25 de junio (18:00h.): https://goo.gl/forms/Mmr4kUvsWONB1JeV2

Estimadas señoras y estimados señores del:

  • Grupo Parlamentario Socialista
  • Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
  • Grupo Parlamentario Mixto

El próximo 29 de junio está prevista la votación sobre la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA) por parte del Congreso de los Diputados.

Las y los representantes de la sociedad civil organizada y del ámbito cultural, académico, artístico y periodístico abajo firmantes, demandamos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y en especial al Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y al PDeCAT que defiendan el interés general y los derechos de la cuidadanía votando en contra de la ratificación del CETA.

Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos señalado que encontrábamos grandes amenazas en el texto del CETA para la democracia, los derechos laborales y sociales y el Estado de Derecho.

Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados del Atlántico.

  • 3,5 millones de persones de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP.
  • Más de 300 gobiernos regionales y locales se declararon territorios libres del CETA y del TTIP.
  • Hubo cuestionamientos constitucionales en Alemania, Francia y Canadá, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará pronto y dirimirá la legalidad de los controvertidos privilegios de los inversores extranjeros en el CETA, a petición de Eslovaquia y Bélgica.
  • En el Estado español hay 8 parlamentos autonómicos y casi 200 municipios que han aprobado resoluciones en contra del TTIP y el CETA, incluyendo ciudades tan relevantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid. En casi todos los casos con el apoyo de los votos de cargos públicos del PSOE.
  • Cuatro gobiernos y parlamentos regionales belgas votaron repetidamente en contra del CETA por sus impactos negativos y, en particular, por los privilegios para los inversores y el peligroso tribunal de arbitraje “Sistema de Tribunal de Inversiones” (ICS, Investment Court System). O sea, un tribunal para dirimir los litigios inversor-Estado. Dichos gobiernos y parlamentos, y muy concretamente el de Valonia, casi llegaron a impedir que su gobierno federal firmase el acuerdo, y mantienen su posición de no ratificar el CETA.

Tanto en Canadá como en la UE, organizaciones agrarias, sindicatos, la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de la Cooperación al Desarrollo y de los Derechos Humanos, así como asociaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME) rechazaron este tratado.

A pesar de las múltiples controversias, el gobierno español ha acelerado la ratificación del CETA sin apenas permitir el control parlamentario, sin consultar a los parlamentos autonómicos o los municipios, sin que exista un estudio de impacto ni análisis del contenido del tratado a ratificar, sin pedir un informe preceptivo al Consejo General del Poder Judicial y sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el texto final. El Congreso de los Diputados acortó sus procesos de consultas internas, y limitó gravemente el debate sobre la ratificación del texto de 1.600 páginas.

Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas declaraciones de los Estados miembros de la UE se anexaron al texto en los pasados meses. Sin embargo, no se cambió ni una coma del texto oficial del CETA desde su versión final publicada a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluyendo un “Instrumento interpretativo adjunto” no solucionan, tal como los expertos han demostrado, ninguno de los problemas que surgen del conflictivo texto.

Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado tal como fue firmado.

  • El CETA autorizaría a miles de empresas extranjeras a demandar a los países donde tienen pensado invertir o han invertido por medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría impedir a las transnacionales utilizar los derechos de los inversores que otorga el CETA para intimidar a los gobernantes, con el fin de que dejen de regular en interés público. Por ejemplo, para abordar el cambio climático. El CETA, incluso deja la puerta abierta para indemnizar a los inversores foráneos por beneficios no realizados (lucro cesante) si un cambio normativo afectará negativamente a sus inversiones. Lejos de haber reformado “radicalmente” el ISDS (Investor-State Dispute Settlement), el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado, el CETA lo expande y lo arraiga.
  • El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos sustantivos, pero no sus correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los sindicatos presentar una demanda cuando una empresa viola normas ambientales, laborales, sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario, ya que establece un sistema legal paralelo que autoriza a los inversores a eludir los tribunales existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.
  • En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las disposiciones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser ejecutables mediante sanciones. Quedan como declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del tratado significan para los derechos de los trabajadores, la protección del medioambiente y las medidas para mitigar el cambio climático.
  • El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fallidas, a causa de las cláusulas standstill y ratchet. El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla, y de una regulación de interés público la excepción a través de la lista negativa de compromisos.
  • Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo, tanto en la Unión Europea como en Canadá; que el crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Como resultado, se espera que estando en vigor el CETA, la desigualdad sea mayor.
  • El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros. También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas claves de la inestabilidad financiera, y que aseguren una mejor protección de los consumidores y la economía en su conjunto.
  • El CETA pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su salud. En Canadá, el CETA aumentaría el precio de las recetas de medicamentos para las administraciones provinciales, al menos, 858 millones de dólares canadienses por año. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se parecen mucho al texto del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un tratado que fue rechazado en 2012 por el Parlamento Europeo.
  • Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a los gobiernos para ejercer su labor legislativa, y reforzarán el papel de los lobbistas empresariales en los procesos de elaboración de las políticas públicas. Con el establecimiento de un Comité Mixto se podrá adoptar decisiones vinculantes sin participación democrática.
  • En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida a cambio de un pequeño beneficio para los consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de compra de alimentos locales y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos, destruyendo todo esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.
  • Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, la salud pública y el medio ambiente pueden ser cuestionadas por el CETA, con la excusa de que son medidas gravosas, que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de precaución europeo.

El CETA es el resultado de un proceso de negociación secreto entre el anterior gobierno canadiense y la anterior Comisión Europea. El parlamento español no puede proponer enmienda alguna. Sólo es posible el “tómalo o déjalo”, el voto afirmativo o negativo de las 1.600 páginas del tratado.

Demandamos:

  • A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, en especial al grupo Socialista, al PNV y al PDeCAT que defiendan el interés general y los derechos de la cuidadanía votando en contra de su ratificación.
  • la necesidad de un periodo de información y debate público en el que, tanto los sectores sociales y económicos como las administraciones públicas afectadas por este tratado, puedan participar y conocer todas las implicaciones e impactos que conllevaría su entrada en vigor.
  • trabajar de manera conjunta con expertos/as, asociaciones de jueces, sindicatos, organizaciones ambientalistas y sociales y las administraciones públicas hacia la democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la UE, así como en un modelo alternativo de comercio.

El CETA impacta sobre el Estado de Derecho porque “elimina buena parte de las competencias y la jurisdicción de los tribunales españoles”, usurpando las funciones judiciales estatales, como señala María Concepción Sáez Rodríguez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Necesitamos un cambio de paradigma que conduzca a una política comercial democrática, justa y sostenible, basada en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, así como en las necesidades de la mayoría de la población y de nuestro planeta. La ratificación del CETA nos alejaría de ese cambio imprescindible.

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