La compra pública tiene un gran potencial de transformación del sistema alimentario y debería actuar para promover la salud infantil, la sostenibilidad y la equidad. En este sentido, el Real Decreto de comedores escolares sostenibles que entra en vigor este 16 de abril es un paso adelante, pero resulta insuficiente a la hora de garantizar una compra pública sostenible. El precio, las cadenas de suministro y los pliegos favorecen a las grandes cadenas y no a productores locales. Así lo avala una contundente respuesta social: en apenas unos días, más de 100 organizaciones —entre colectivos sociales, centros educativos y sindicatos agrarios— se han unido al manifiesto de la campaña Escuelas que saben, que cuenta ya con cerca de 1.000 firmas que respaldan esta exigencia de transformación hacia un modelo de comedor verdaderamente sostenible y justo.
Estas organizaciones consideran que la compra pública de los menús escolares es una decisión política: lo que compran las administraciones con dinero público afecta a la salud de la infancia, al medio rural español que vertebra el territorio y a la justicia global. Más de 1,2 millones de niñas y niños comen a diario en los comedores escolares de centros públicos en España, según el Ministerio de Educación. La compra pública mueve cada año centenares de millones de euros.
Propuestas para un decreto insuficiente
El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y Mundubat consideran que el decreto de comedores escolares sostenibles que entra en vigor tiene una “ambición limitadaˮ. Las entidades plantean que el decreto “fija un porcentaje reducido de productos ecológicosˮ e “incorpora definiciones imprecisas que no garantizan a la pequeña agricultura entrar en el circuito y, por lo tanto, no se refuerza la compra de productos de proximidadˮ. Por otro lado, excluye al tramo de 0 a 3 años, una etapa donde se forman hábitos alimentarios.
Sarai Fariñas, responsable de compra pública del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) considera que «el precio sigue teniendo un peso demasiado importante en la adjudicación de las licitacionesˮ. La responsable de compra pública también cree que, a partir del decreto, el Ministerio de Agricultura “debería abordar la cuestión de la logística y la distribuciónˮ, un elemento necesario para que la agricultura familiar pueda acceder a la demanda escolar.
CERAI y Mundubat, entidades impulsoras del manifiesto, resaltan que las comunidades autónomas y los municipios “tienen ahora la capacidad de incidir para que la aplicación práctica del decreto sea más ambiciosaˮ. Para ello, apelan a llevar a cabo una serie de propuestas para transformar los comedores escolares:
● Limitar el peso del precio en la adjudicación de las contrataciones a un máximo del 20% en la valoración. Por contra, priorizar los criterios de calidad nutricional, sostenibilidad, impacto social y territorial y proximidad. “Sin este cambio, cualquier avance normativo queda condicionado por la lógica del precio, que favorece a las grandes cadenasˮ, consideran las entidades. La administración también debería realizar estudios para determinar cuánto vale un menú escolar de calidad y apoyarse en ellos a la hora de desarrollar la minuta del precio en las licitaciones. “Sin un precio adecuado, los cambios estructurales son inviablesˮ, advierten CERAI y Mundubat.
● Llevar a cabo un análisis de qué producción existe en el territorio y el porcentaje de producción ecológica disponible. Con ello, facilitar la relación y el encaje de la oferta del territorio con la demanda en las escuelas. Además, las comunidades deberían hacer calendarios propios de productos de temporada.
● Facilitar una buena logística es imprescindible para las cadenas de producción agrícola pequeñas. Las comunidades autónomas pueden impulsar redes territoriales y centrales logísticas de acopio que faciliten su participación en los comedores escolares. Por el lado opuesto, las grandes cadenas favorecen el consumo de alimentos producidos a miles de kilómetros, con el impacto ecológico y social derivado de ello.
Cambiar las prioridades en las licitaciones
CERAI y Mundubat consideran indispensable que los pliegos de contratación se redacten en base en las propuestas anteriores, con una menor importancia del precio y en base a la disponibilidad del producto, para alinearse con la realidad productiva del territorio y las metas de sostenibilidad. Además, la Directiva europea de diligencia debida en sostenibilidad (CSDDD) obliga a las empresas a identificar y prevenir impactos sobre derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor. “Esto debería reforzar la responsabilidad de las administraciones en la adjudicación de contratos a empresas coherentes con los derechos humanos y la sostenibilidad ambientalˮ, consideran las dos entidades.
La campaña Escuelas que saben pone el foco en como la compra pública alimentaria puede y debe ser una política agraria, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Las entidades instan a que “el programa educativo acompañe la transformación al introducir la alimentación sostenible en el currículum académicoˮ y a que “las administraciones impulsen el cambio también con una comunicación que incida en la opinión públicaˮ.
