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Las organizaciones solicitan en una carta conjunta que se cuente con ellas a la hora de desarrollar políticas sobre alimentación, condiciones de las trabajadoras agrarias y la lucha contra la despoblación del medio rural.
Ante la actual crisis de los precios de los alimentos, es importante que se aprueben medidas políticas que garanticen a medio y largo plazo el acceso a una alimentación sana y una sostenibilidad de todo el modelo agroalimentario. Con este objetivo, 20 organizaciones acaban de presentar al Gobierno un decálogo de demandas que promuevan un sistema agroalimentario más justo y piden que se tenga más en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil frente a la industria a la hora de desarrollar las políticas.
La situación actual afecta a la economía de las personas e incluso al propio acceso a los alimentos de aquellas más vulnerables. Las medidas a corto plazo como la bajada del IVA no son suficientes y no resuelven el problema: mientras que el precio de la cesta de la compra sigue aumentando, los costes de producción también ahogan cada vez más a la producción agroecológica familiar. Podemos afirmar que existe un frágil equilibrio entre la provisión de recursos y alimentos para nuestro consumo, la defensa del territorio y que las personas que lo habitan y trabajan dispongan de unas condiciones dignas de vida.
Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU: «valoramos las acciones de carácter más urgente. Sin embargo, a medio plazo necesitamos implementar medidas que garanticen tanto los derechos de las personas productoras como el acceso de las personas consumidoras a una alimentación saludable y sostenible».
El decálogo de medidas que las organizaciones han presentado al gobierno es fruto del trabajo conjunto de cerca de 100 personas vinculadas al mundo rural, la producción y el consumo de alimentos, la soberanía alimentaria y la salud que se reunieron a finales de año en Jaca (Huesca) para debatir sobre iniciativas en común. En palabras de Andoni García, de COAG, este fue un espacio para «hablar del futuro, la agricultura, la ganadería, del medio rural, también desde el territorio y desde el derecho a una alimentación sana para toda la población». A esta demanda conjunta se incorporaron también organizaciones vinculadas a la salud pública, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Según Pilar Serrano, al hablar de la producción y consumo de alimentos es necesario «poner de manifiesto cómo convergen ejes de desigualdad entre el ámbito rural, la salud de las mujeres y la inmigración, y cobra todo el sentido trabajar desde la salud pública con estas relaciones».
Las 10 medidas que se piden al gobierno para garantizar un modelo agroalimentario justo y sostenible y un mundo rural vivo, tienen como puntos principales:
- Garantizar el derecho a la alimentación de toda la población, especialmente de los colectivos vulnerabilizados.
- Un sistema alimentario que garantice precios justos para las personas productoras, consumidoras y trabajadoras.
- Un modelo de producción de alimentos que respete los derechos laborales y sociales.
- Un modelo de producción de alimentos basado en la agroecología.
- Apostar por modelos ganaderos familiares y sostenibles y rechazo de la ganadería industrial.
- Fomento desde las instituciones de alimentación agroecológica a través de la compra pública.
- Defensa del territorio rural frente a la expansión de las macrogranjas, minería o macroproyectos de energía solar y eólica.
- Entornos sociales, de producción y consumo inclusivos con perspectiva feminista.
- Defensa de servicios públicos y de calidad en el medio rural.
- Fomento de los entornos alimentarios sostenibles.
Las organizaciones firmantes esperan que estas demandas sean tenidas en cuenta por parte de las administraciones públicas y reclaman ser tenidas en cuenta en la planificación y desarrollo de estrategias vinculadas a la alimentación y protección del mundo rural. Por este motivo, han solicitado reuniones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y al Ministerio de Consumo.
Amigos de la Tierra «solicitamos al Gobierno que ponga en el centro la urgente necesidad de transformar el modelo agroalimentario para que se ajuste a los límites planetarios y responda a las necesidades de las personas, en lugar de los intereses de la industria y los grandes grupos corporativos. La presidencia española de la UE es una buena oportunidad para avanzar en este camino».
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