Las organizaciones que formamos la Coordinadora por una Alimentación Sana y de Cercanía de Aragón defendernos desde hace años que la alimentación escolar debe apoyarse en la producción local,de temporada y ecológica.No lo decimos desde la teoría: trabajamos cada día con productoras y productores aragoneses que tienen la capacidad y la calidad necesarias para abastecer este programa con fruta y verdura fresca de cercanía. Aragón tiene el sector, tiene el territorio y tiene las personas. Lo que necesita es que la Administración diseñe los instrumentos públicos para que eso sea posible. Por eso, hemos seguido de cerca este expediente desde que la licitación se publicó en enero de 2026, atentas a cada paso de un contrato que conocemos bien.

Compartimos plenamente el objetivo que el Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa: que la fruta que llega a las aulas sea, siempre que se pueda, de producción local y de proximidad. Es una meta que llevamos tiempo defendiendo y en la que tendemos la mano para trabajar juntos. Precisamente por eso lamentamos que un programa con años de historia y con una función social demostrada haya quedado interrumpido a pocas semanas del final del curso. Estamos convencidas de que el acierto en el rumbo y la continuidad del servicio no son objetivos enfrentados, sino que pueden y deben conjugarse.

Una función social que no debería interrumpirse

 Como recuerda la propia Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnas y Alumnos de Aragón (FAPAR), este programa cumple una función social muy importante: lleva alimentación saludable al alumnado que en sus entornos familiares no siempre tiene la oportunidad de consumirla. Es, además, un espacio de formación y adquisición de hábitos que va mucho más allá de repartir una pieza de fruta. La dietista-nutricionista zaragozana Mapi Herrero, especializada en desarrollo infantil, lo confirma desde el ámbito profesional: «la exposición repetida y temprana a frutas y verduras sienta las bases de hábitos saludables que duran toda la vida, y la escuela es el único espacio que llega a toda la infancia independientemente de su situación familiar o económica”.

Los pliegos acertaban en el fondo; falló el procedimiento

 Conviene precisar algo importante, porque el debate público lo ha pasado por alto: los pliegos de esta licitación sí incorporaban criterios de proximidad, temporada y producción ecológica. En ese acierto de fondo coincidimos plenamente con el Gobierno de Aragón. El problema no fue, por tanto, lo que los pliegos perseguían, sino cómo se formularon y aplicaron algunos de sus criterios durante el procedimiento. Así lo han puesto de manifiesto las propias alegaciones presentadas por empresas aragonesas concurrentes: criterios con redacciones ambiguas —hasta el punto de que se reconoció un error en una de las fórmulas de valoración—, subcriterios desarrollados después de abrir las ofertas y exigencias documentales no previstas de antemano. Son precisamente las pequeñas y medianas empresas locales y de proximidad —las que este programa debería favorecer, ya que son las que pueden proveer de esa fruta de cercanía— las que más sufren esa falta de certeza, porque carecen de los recursos jurídicos de los grandes operadores para anticipar interpretaciones restrictivas.

A esa falta de certeza se suman las exigencias de solvencia económica y de experiencia previa, que merecen una atención especial. Requisitos pensados para grandes operadores—volúmenes de facturación elevados o la acreditación de contratos similares ya ejecutados— pueden levantar una barrera infranqueable para las pequeñas y medianas empresas y los productores de proximidad que querrían acceder por primera vez a este tipo de pliegos. Quien nunca ha tenido la oportunidad de concurrir difícilmente puede demostrar la experiencia que se le pide, siendo que son competentes. Si de verdad se quiere un programa de cercanía, los criterios de solvencia y experiencia deben ser proporcionados al objeto del contrato y permitir la entrada de nuevos licitadores locales, no expulsarlos de antemano.

La lección, de cara al futuro, es la contraria a la que se ha extraído: ante un procedimiento con defectos, la respuesta no es renunciar al programa, sino corregirlos y relicitar a tiempo para el próximo curso, con unos pliegos claros, ciertos y aplicados por igual a todos los licitadores, que mantengan los criterios de cercanía, temporada y producción ecológica y los hagan operativos sin ambigüedades. Eso es exactamente lo que desde la Coordinadora llevamos más de un año proponiendo al Gobierno de Aragón, con reuniones y alternativas concretas sobre la mesa. La decisión drástica de suspender el programa, en lugar de corregirlo, no es una solución: es una oportunidad perdida que pagan nuestros hijos e hijas. Seguimos con la disposición de colaboración en este sentido.

Los escolares se quedan sin fruta y la ayuda europea queda sin ejecutar

 A la pérdida educativa y social se suma una pérdida de recursos. El programa está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), cuya ayuda se percibe contra el producto efectivamente distribuido. AI no prestarse el servicio este curso, Aragón deja sin ejecutar la ayuda europea asignada al programa: unos fondos comunitarios destinados a la alimentación saludable de la infancia aragonesa que no llegarán a la comunidad. Se pierde, así, en dos direcciones a la vez: los escolares se quedan sin la fruta a la que tenían derecho y el territorio renuncia a una financiación ya disponible.

Una decisión política con consecuencias reales

 La compra pública alimentaria es una decisión política con consecuencias reales en dos direcciones. Para las familias y la infancia, determina la calidad y el origen de lo que comen nuestros hijos e hijas en la escuela cada día. Para el sector rural, representa una oportunidad concreta de mercado estable que sostiene las explotaciones familiares, fija población en el territorio y premia a quien produce bien y cerca. Cuando la administración compra con criterios de proximidad, temporada y producción ecológica, no está haciendo un gesto simbólico: está eligiendo qué modelo agroalimentario local y que cuida nuestro territorio de una manera sostenible y con dinero público.

Lo que pedimos

Dado que el programa de este curso ya no puede recuperarse, pedimos al Gobierno de Aragón que actúe sin demora para que el del próximo no corra la misma suerte: un calendario público y vinculante de revisión de los pliegos que garantice tenerlos resueltos antes del inicio del curso 2026-2027; que ese proceso incluya a organizaciones de productores, entidades de consumo responsable y comunidad educativa; y que los nuevos pliegos mantengan los criterios de proximidad, temporada y producción ecológica, esta vez redactados con claridad y aplicados por igual a todos los licitadores.

Vemos también muy necesario un trabajo educativo real en los centros: que el alumnado conozca de dónde viene lo que come, quién lo produce, en qué época del año crece cada variedad y qué hay detrás de un sistema alimentario local y sostenible. Eso es lo que convierte una pieza de fruta en un acto educativo y lo que conecta a la comunidad escolar con el territorio que la rodea.

Somos conscientes de que, a estas alturas de junio y a apenas tres semanas de que termine el curso, el programa de este año ya está perdido: no hay margen material para recuperarlo. Por eso nuestra mirada se dirige al curso que viene, con la confianza de que se lleve a cabo de una manera mejor, sobre la base de un procedimiento corregido. Y si para entonces los nuevos pliegos no estuvieran resueltos, pedimos al Gobierno de Aragón que articule en septiembre u octubre una solución puente, tal y como ha anunciado, un programa propio, que evite que la infancia aragonesa encadene un segundo arranque de curso sin fruta fresca en las aulas.

Lo que Aragón necesita no es un programa paralizado, sino la decisión de construir ya el modelo alimentario que su infancia y su territorio merecen.

La Coordinadora por una Alimentación Sana y de Cercanía está integrada por organizaciones de productores/as y consumidores/as comprometidas con la transición hacia sistemas alimentarios locales, ecológicos y justos en Aragón.